David Taguas repasa en su libro
"Cuatro bodas y un funeral" la situación económica española y expone sus
propuestas para conseguir una rápida recuperación:
1.- reducir el gasto
público cinco puntos de PIB,
2.- bajar impuestos,
3.- reformar la Administración
e
4.- impulsar políticas de competencia
CAPÍTULO 3
Las cinco fases de la crisis
Conclusiones
Las cinco fases de la crisis
Conclusiones
La crisis actual no ha supuesto un proceso homogéneo para las
economías y muy en particular para la economía española. En la primera
fase, que se desarrolló entre agosto de 2007 y septiembre de 2008, los
interrogantes se centraron en la naturaleza y magnitud de la crisis, así
como en su carácter local o global. No obstante, a medida que iba
avanzando 2008 se intensificaban y se extendían los efectos de la
crisis. Después de los rescates de Merrill Lynch y de la aseguradora AIG
y, sobre todo, tras la quiebra de Lehman Brothers, la crisis adquirió
definitivamente un carácter global, se desplomaron las expectativas
sobre la actividad y la atención pasó a centrarse en la intervención
pública en unos mercados que estaban secos de liquidez.
En la economía española, las cuentas públicas se deterioraron
intensamente durante esta primera fase de la crisis. El superávit
público empeoró en 4,9 puntos del PIB en solo cuatro trimestres, desde
el 2,7% del PIB a un déficit del –2,2% del PIB en septiembre de 2008.
Ello fue consecuencia de la drástica caída de los ingresos impositivos,
que explicó más de la mitad de la reducción del saldo público, y también
del incremento del gasto público, fuertemente empujado por las
prestaciones sociales y el consumo público. La tasa de desempleo aumentó
3,3 puntos en cuatro trimestres, al ritmo de 0,8 puntos al trimestre.
Esta primera fase se caracterizó por la fuerte caída de los ingresos
públicos.
En la segunda fase de la crisis, que se desarrolló entre septiembre
de 2008 y marzo de 2010, con una duración de seis trimestres, en las
principales economías se aplicaron políticas fiscales expansivas y
planes para abordar los problemas de los sistemas financieros. Estas
políticas impulsaron la recuperación global que fue un hecho tras el
verano de 2009. Pero el inicio de la recuperación hizo que los
interrogantes cambiaran en el otoño de 2009. La atención se centró
entonces en la sostenibilidad de las políticas fiscales que habían
desempeñado un papel relevante para impulsar la recuperación económica.
Otros focos de atención eran la situación de los sistemas financieros y
los daños que había sufrido la capacidad de crecimiento de las
economías.
En esta segunda fase continuó el deterioro de las cuentas públicas en
la economía española. El déficit público español aumentó
espectacularmente 9,1 puntos del PIB, alcanzando el máximo del 11,2% en
marzo de 2010. En esta fase destacó el fuerte incremento de las
prestaciones sociales, que aumentaron 2,7 puntos del PIB. El desempleo
continuó su fuerte ascenso, en seis trimestres, 8,7 puntos, aumentando
al ritmo promedio de 1,5 puntos al trimestre, alcanzando ya en el primer
trimestre de 2010 la cota del 20,05%.
El inicio de 2010 focalizó la atención en la sostenibilidad de la
deuda en las economías europeas y, en particular, en las economías
periféricas que habían empeorado considerablemente sus cuentas públicas
con los consiguientes aumentos de deuda pública. Ello desencadenó la
intervención de Grecia y la crisis de deuda en la primavera.
La crisis de deuda de la primavera de 2010 dio comienzo a la tercera
fase de la crisis. Durante la misma, entre marzo de 2010 y diciembre de
2011, la economía española puso en marcha el primer proceso de
consolidación fiscal, además de impulsar la reforma constitucional de
agosto de 2011. Este primer proceso de consolidación fiscal redujo el
déficit público en 2,1 puntos del PIB, que descienden a 1,7 puntos si no
se tienen en cuenta las ayudas a las instituciones financieras que
supusieron en 2011 0,5 puntos del PIB. Pero la consolidación fiscal no
fue virtuosa, se basó demasiado en el incremento de los impuestos y en
la reducción del gasto en inversión y muy poco en la reducción del gasto
no productivo, a pesar de que se congelaron las pensiones, excepto las
mínimas, e incluso se redujeron los salarios de los funcionarios
públicos.
No obstante, durante esta tercera fase de la crisis se produjeron dos
hechos de gran relevancia. La reforma constitucional de agosto de 2011
supuso un compromiso con el equilibrio presupuestario que constituyó una
señal inequívoca para las instituciones y los mercados financieros. Y
la reducción del salario de los funcionarios públicos junto con las dos
reformas laborales, de 2010 y 2011, y la primera reforma de las
pensiones de 2011 consiguieron quebrar la espiral inflacionista de
salarios que se había producido durante las dos primeras fases de la
crisis. El 'efecto demostración' de los salarios públicos fue determinante
en este proceso.
La cuarta fase de la crisis comenzó con la nueva desaceleración de la
actividad que se fue intensificando durante la segunda parte de 2011,
después de la intervención de la economía portuguesa y de las tensiones
financieras del final de la primavera y del verano. Esta cuarta fase se
desarrolla desde entonces, y en la economía española coincidió con el
cambio de Gobierno tras las elecciones de noviembre de 2011. Desde
diciembre de 2011 se puso en marcha el segundo proceso de consolidación
fiscal de la economía española.
A pesar de ello, en septiembre de 2013
el déficit público aumentó en 0,7 puntos hasta alcanzar el 10,3% del
PIB. Pero fue debido en parte a las ayudas a las instituciones
financieras asociadas al rescate del sector financiero de 2012, que
ascendieron a 3,3 puntos del PIB en septiembre de 2013. Si se eliminan
estas, el déficit se redujo entre diciembre de 2011 y junio de 2013 en 2
puntos hasta el 7,1% del PIB. Además, si se eliminan todas las medidas one-off
[las que se producen una sola vez], el déficit público se situó en
septiembre de 2013 en el 8,1% del PIB, lo que compromete seriamente el
cumplimiento del objetivo de déficit del 6,5% en diciembre de 2013.
La consecuencia es que a pesar de los dos procesos de consolidación
fiscal emprendidos durante los últimos tres años, la economía española
sigue presentando un déficit público de doble dígito en septiembre de
2013, que asciende al 10,3% del PIB. Si se eliminan los efectos de las
medidas temporales, el déficit se sitúa en el 8,1% del PIB, por lo que
no es posible descartar un nuevo incumplimiento del objetivo a finales
de 2013. Y ello a pesar de la significativa relajación del objetivo de
déficit de la primavera de 2013.
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/07/actualidad/1391777561_749364.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/07/actualidad/1391777561_749364.html
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